BYE, BYE, JEP

Por Jaime Restrepo Vásquez
 
Comienzo por el final: la JEP es la culminación de un proceso de demolición de la institucionalidad judicial que comenzó el 6 de noviembre de 1985, en el holocausto del Palacio de Justicia.
 
Esa monstruosa acción terrorista del M-19, financiada por Pablo Escobar, no solo buscaba quemar los expedientes y asesinar a los magistrados que estaban a punto de definir la extradición: el máximo objetivo de los que combinan todas las formas de lucha era eliminar a los más brillantes juristas para que sus cargos fueran ocupados por sus mediocres activistas judiciales de izquierda.
 
Y lo lograron. Después de la toma del Palacio de Justicia, el siguiente paso fue la presunta desmovilización del M-19, no con fines pacifistas como lo vende ahora la joyera Pizarro, sino con un objetivo mucho más siniestro: enterrar la Constitución de 1886 y producir una nueva Carta Magna acorde con el ideario socialista. Como resultado nos metieron, a la fuerza y con una papeleta que no se podía contar —no olvide este dato—, la Asamblea Constituyente y la Constitución de 1991.
 
A partir de esa nueva Carta Magna, el camino resultó mucho más expedito para la agenda socialista, pues entre los muchos entes creados figuraban la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional. No es coincidencia que tipos como Carlos Gaviria, Jaime Córdoba Triviño, Eduardo Cifuentes y Eduardo Montealegre—desde la Constitucional— hayan sido operadores plenos del ajuste requerido para la implantación del socialismo y que uno de ellos haya ostentado el cargo de fiscal general, una tropelía en toda regla.
 
De esa jugada de instauración de la hoja de ruta socialista salió la mafia que se tomó la Corte Suprema de Justicia, conocida como el Cartel de la toga. Han sido tan livianos los magistrados, que incluso el presidente de la Sala Penal, Yesid Ramírez Bastidas hablaba, para referirse a una noticia criminal, de denuncio, cuando cualquier estudiante de derecho de primer año conoce la diferencia entre denuncia —que es poner en conocimiento del Estado un delito— y denuncio —acto para solicitar ante la autoridad minera la adjudicación de terrenos para explorarlos o explotarlos—.
 
Ya con el andamiaje armado, solo bastaba esperar a que las fuerzas violentas recibieran la orden de negociar cuando sus patrones, el establecimiento político del país, vieran un espacio propicio para que sus bandidos accedieran al poder y de esa manera, jubilar a sus palurdos más viejos. Y así ocurrió. Desde 2012, uno de los máximos mandamases de los «revolucionarios» decidió sentarse con sus subalternos a diseñar una estructura de toma del poder, incluyendo una operación gigantesca de lavado de activos y el acceso sin votos a cargos de elección popular.
 
Además, el aparato judicial que habían construido desde hacía 27 años, ya no les fue útil y por tal razón decidieron armar un monstruo voraz al que llamaron Jurisdicción Especial para la Paz, que no es otra cosa que un engendro de lavado de caras, perpetuación de la impunidad y persecución contra aquellos que tuvieron la valentía de enfrentar a los violentos en el campo de batalla.
 
Solo tenían un pequeño contratiempo: requerían del apoyo ciudadano y para tal fin establecieron un mecanismo de refrendación en el que dilapidaron de forma obscena los recursos del Estado para ambientar la aceptación ciudadana del esperpento. Pero la jugada no les salió bien y la mayoría de ciudadanos le dijeron NO al negociado de La Habana.
 
Mientras que el 11 de marzo de 1990 impusieron a la fuerza la tal séptima papeleta para exigir una Asamblea Nacional Constituyente y conseguir una Constitución claramente socialista, en 2016 hicieron lo contrario: pasar por encima de la voluntad de la mayoría ciudadana e imponer el monstruo de la JEP y el Acuerdo con las FARC.
 
Es que la tal JEP, la cereza del pastel de la toma del aparato judicial que comenzó el 6 de noviembre de 1985, es el máximo logro socialista pues es un embeleco clasista y excluyente, como es en realidad ese invento de mil nombres que surge de la doctrina marxista. No hay algo más odioso, discriminatorio y absurdo que la JEP, pues si un ciudadano tiene una hora oscura y comete un delito, va a parar con sus huesos a una cárcel mientras enfrenta a la justicia ordinaria.
 
Entre tanto, un depravado como alias Timochenko, con más de 30 procesos penales por masacres, homicidios, desapariciones forzadas y torturas y Pastor Álape, con al menos 20 procesos en la Fiscalía por secuestro y homicidio, terminan «condenados» a estrenar guantes y posar para una foto con machete en mano, como parte de su proceso de «justicia restaurativa» que no es más que una burla a los millones de víctimas de las FARC.
 
¡Coronaron la justicia! La JEP es el premio a los años de trampas, artimañas y leguleyadas que llevaron a los peores, a los más mediocres pero fervientes activistas del socialismo a ocupar las dignidades que jamás merecieron. Como dijo el artífice de la Justicia Especial para las FARC, Juan Manuel Santos: «la JEP debe terminar en 2028»… O antes, si la asfixia financiera lo consigue.