Por Jaime Restrepo Vásquez
Fueron muchos años en los que la cabeza del gobierno
central iba por un lado y los gobiernos locales, por otro. Esa situación, en
materia de seguridad, era una invitación para la violencia, el desorden y la
vulneración de los derechos ciudadanos.
Por fin, los astros de la política se alinearon en
Colombia: desde el presidente hasta los alcaldes de las ciudades más
importantes del país, están en la misma página cuando se trata de enfrentar a
los pichones de terroristas en las universidades del país.
Mientras Abelardo de la Espriella imparte las órdenes
correspondientes para que la Policía actúe contra los vándalos, los alcaldes de
las principales ciudades de Colombia aprovechan la iniciativa presidencial para
garantizar los derechos de sus ciudadanos.
Los pichones del narcoterrorismo —la tal primera línea— tuvieron
ocho años de patente de corso para hacer y deshacer, para bloquear ciudades
enteras, instalar presuntos lugares de «resistencia», matar ciudadanos
inocentes como
Cristian
Camilo Vélez o torturar a colombianos del común como
Luis
Miguel Jaramillo Arias.
Además, contaron con la complicidad de alcahuetes en el
poder como Daniel Quintero Calle, Jorge Iván Ospina y Claudia López, quienes
seguían las instrucciones del mando supremo de la toma terrorista urbana —el
expresidente del M-19 y secuaces como Bolívar y compañía— de ser complacientes
con los bandidos en las calles de Medellín, Cali y Bogotá.
Bajo el mando de esos hampones disfrazados de alcaldes,
la Policía estuvo amarrada en sus estaciones o humillada por presuntos
defensores de Derechos Humanos, quienes tenían autorización hasta de requisar y
revisar los equipos antidisturbios del ESMAD, con el propósito de demorar la
respuesta y permitir el vandalismo de sus huestes terroristas.
Fueron tiempos de terror para la ciudadanía. Además de
los ríos de sangre que hicieron correr, de conseguir un par de nombres para
exaltarlos en el altar de los mártires de la progresía, lograron conquistar la
Presidencia a través del caos y la intimidación.
Ni hablar de los cuatro desastrosos años del desgobierno
del M-19, en el que no solo gozaron de impunidad para sus tropelías, sino que
desde la cúpula del poder ataron de pies y manos a las autoridades encargadas
de restituir el orden y garantizar los derechos de los demás ciudadanos.
La leyenda de que el «pueblo» estaba resistiendo a través
de la violación de los derechos de la ciudadanía que trabaja, estudia y
produce, llegó a su fin. Además de la ley anticapuchos, que por lo pronto está
en un limbo ya que el pasado 1 de septiembre fue retirada en la Cámara de
Representantes, el ESMAD está respondiendo con prontitud a los piquetes de
vándalos que bloquean las calles, incendian vehículos y lanzan piedras y
artefactos explosivos contra los policías.
La mal llamada protesta social dejó de ser un parque de
diversiones en el que campeaba la impunidad y la violencia y en el nuevo
gobierno, ya es enfrentada como una amenaza para los derechos y la integridad
de la ciudadanía.
La gente tiene derecho a protestar. Eso dice la
Constitución. Lo que no puede ni debe hacer es vulnerar los derechos de quienes
no participan en la protesta, ni violentar a las autoridades que acuden al
lugar de la protesta para asumir el control de la situación.
Hay un nuevo país, así no les guste a algunos, en el que
la ley se acata o se impone. Ya pasó la época nefasta en la cual, la ley se
negociaba a favor de intereses politiqueros y los cabecillas contemplaban,
impávidos y complacidos, como sus huestes de malandros esparcían el caos y el
terror.
Están notificados: ni las autoridades, ni la ciudadanía
estamos dispuestos a dejarnos encerrar otra vez por la criminalidad.
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