Está el globo entero confundido entre la realidad física y la virtual, ambas manipuladas por estrategias comunicacionales, polarización extrema, algoritmos y código maligno, terrorismo y una incontenible borrachera de poder.
Mientras la globalización avanza como proceso objetivo y práctico de interconexión en función de la profundización del conocimiento, el poder local que circunscribe siempre la política y el terrorismo se nutren de las formas “progresistas” antagónicas y contradictorias que genera la anticultura globalista.
Cada día en todo el mundo se hace más sutil y compleja la diferenciación entre la importancia de la firmeza en el ejercicio del poder público institucional soportado en la legalidad y el deber ser y los aportes privados versus los abusos éticos y jurídicos por parte de quienes tienen la responsabilidad de velar por una debida gobernanza.
En la vida las cosas no deben hacerse a las patadas, porque la propia vida termina devolviendo la patada. Para eso hay normas que regulan la coercibilidad del Derecho y determinan como hacer cumplir la ley con igualdad, firmeza y autoridad, sin necesidad de hacer alarde de ello ni convertir el cumplimiento del deber en espectáculo.
El poder es una fuerza altamente adictiva que crea dependencia, distorsiona el sentido común y condiciona el entendimiento a la sensación de estar trepado en el Olimpo. Su ejercicio termina fácilmente en el despropósito del autoritarismo tan propio de los extremismos ideológicos que ignoran el deber de mantener el orden legal bajo formas que generen respeto y credibilidad entre los representados. Todo exceso de poder desborda los límites de las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y resulta en opresión haciendo sentir omnipotentes e infalibles a quienes no lo saben ejercer con humildad y consideración.
Y sin duda vive el planeta bajo el asecho constante del terrorismo. Especialmente el de las organizaciones criminales globales y locales, que sin duda alguna tienen que ser combatidas por quienes ostentan el poder Estatal, pero sin caer en el error de ejercer terrorismo de Estado, algo a lo cual apelan con frecuencia los autoritarismos extremos e ideologizados y las ambiciones desmedidas de individuos, sus camarillas en el poder público y privado, los conglomerados tecnológicos con acceso a la manipulación de los mercados, y algunos “billonarios” y autócratas endiosados. Todos incapaces de anteponer el interés general a sus propios intereses individuales.
Ni los sistemas democráticos ni las economías libres pueden funcionar bajo la presión que ejerce el terrorismo, que tiene que ser rechazado de plano. Con el terrorismo no puede negociarse nada, pues la violencia asimétrica ejerce siempre su dominancia sobre una nación, su sociedad y sus instituciones públicas, mixtas o privadas. El valor de las democracias lo destruye el terror que imprime la criminalidad, provenga este de la generación de violencia ideológica, religiosa, mediática o económica, se ejerza por medio de organizaciones criminales delictivas, por medios propagandísticos, por el cibercrimen digital o por abuso político que genere terrorismo de Estado.
Todas las formas de terrorismo crean daños a la individualidad humana, a la familia, a la convivencia, a la economía y la salud física y mental de la sociedad, y generan grave alteración del orden político, económico y la convivencia mundial.
Es característica del “progresismo” socialista del Siglo XXI la impunidad frente al terrorismo político, religioso o económico, el irrespeto de los gobernantes a la dignidad del ser humano, al intelecto de los ciudadanos y en particular al mandato que asumen; por ello, ninguna forma autoritaria debe transgredir las jerarquías organizacionales que soportan la razón de ser de los pactos sociales ni del espíritu asociativo, sea mixto, público o privado.
Está la civilización abocada a abordar cambios que pasan de lo dogmático a la plenitud del conocimiento y el entendimiento de la naturaleza, y hay que hacerlo sin perder los parámetros éticos que soportan la esencial importancia del debido respeto a la institucionalidad privada por parte de sus propios directivos, y de los “servidores públicos”.
Todo el que tenga un encargo de gobernanza pública, institucional o privada, debe entender la diferencia entre lo legal y lo ilegal, lo ético y lo incorrecto, la libertad y el libertinaje, y respetar toda la institucionalidad social asociativa que en paralelo a las formas de las estructuras públicas republicanas, constitucionales y democráticas, representan la mejor forma de convivencia conocida.
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