LA VAGABUNDERÍA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Por Jaime Restrepo Vásquez

La gente escucha hablar de educación pública y automáticamente relaciona esas dos palabras con la posibilidad de que los niños y jóvenes con menos ingresos tengan la oportunidad de estudiar y construir un futuro.

Pero eso es un engaño. En Colombia, la educación pública que defienden la izquierda y Fecode, es un pozo sin fondo en el que se pierden billones de pesos. Atérrese con esta cifra: desde 2010 hasta 2026, Colombia ha gastado —literalmente— 1 086 BILLONES de pesos en «educación». De hecho, ha sido el sector con mayor asignación en el presupuesto nacional.

¿Y esa plata en qué se ha visto? En nada. Ciertamente no mejoró la educación, ni facilitó el acceso de los jóvenes a las universidades, ni permitió un mejor desempeño social, económico o intelectual de los infortunados que tienen que padecer ese laberinto burocrático y clientelar de la educación pública.

El objetivo de que el Estado tenga las narices metidas en la educación pareciera simple: facilitar la movilidad social, especialmente para los estratos menos adinerados. Pero eso no se cumple. De hecho, la educación pública es una incubadora de gente descontenta y frustrada que cree que, con un cartón en áreas del conocimiento con poco mercado, va a conquistar el mundo y de esa manera, saldrá de las penurias económicas.

Pero ese frustrado joven siempre se estrellará contra la realidad: ese cartón no le sirve para nada, salvo para tratar de engrasar los contactos logrados a ver si de repente, obtiene un cargo público en el que se convierta en vocero clientelar de algún político, porque a una empresa, difícilmente, le puede ser útil un sociólogo, un antropólogo o un historiador salido de una universidad pública. Seamos francos: para una empresa privada, esos cartones tienen unas enormes letras rojas que dicen ¡sindicalista problemático!

Así las cosas, Colombia ha dilapidado 1 086 billones de pesos en pichones de terroristas, en miembros destacados de agitprop o en mano de obra esclava para las fuerzas de choque del comunismo. Es más: el mal llamado estallido social de 2021 fue la manifestación más violenta de las «utilidades» nefastas que rindieron esos billones de pesos lanzados a la caneca.

Porque esa plata se utiliza para mantener audiencias cautivas, clientelas fieles que buscan nuevos correligionarios comunistas en las aulas y facultades, adoctrinadores profesionales que desconocen la palabra educación, pero manejan al dedillo los conceptos relacionados con Marx, con la justicia social y con la redistribución de la riqueza, pues esos son caramelos que endulzan los oídos de esos resentidos sociales que han sido deformados en ese sistema pernicioso de la educación pública.

Por lo anterior, al establecimiento le resulta herético el solo mencionar el desmonte de la educación pública, pues ¿en qué otra cosa va a poner a parasitar a sus clientelas con salarios superiores a los 90 millones de pesos mensuales, como ha pasado en la Universidad de Sucre?

Pero la herejía hay que repetirla: la educación pública es un desperdicio diseñado para mantener un sistema clientelar y burocrático que no satisface las necesidades ni beneficia a Colombia. Por esa razón, esos enormes recursos deben ir a los padres o a los estudiantes jóvenes, para que definan el lugar en el que quieren estudiar y adquieran las herramientas que les permitan surgir y tener un mejor porvenir.

El mecanismo, propuesto por Milton Friedman en 1955, es contundente: el Estado entrega a las familias un subsidio para cubrir los gastos escolares en el colegio o en la universidad de su elección. Esto ha sido aplicado en Estados Unidos, Chile, Suecia, Irlanda y Hong Kong con muy buenos resultados, pues al final de cuentas, respeta la libertad fundamental de las familias de elegir el colegio o universidad de su preferencia, sin tener que renunciar por cuenta de las dificultades económicas. De hecho, el filtro se concentra en la disciplina y en las capacidades intelectuales del alumno y no en los ceros en la cuenta de los padres.

Además, fomenta la competencia entre instituciones educativas, esa que no existe en la educación pública porque no se puede evaluar a los maestros «fecodizados», ni aplicarles pruebas de conocimientos, ni mucho menos medir sus resultados ya que pertenecen a una élite perniciosa atornillada a los cargos y defendida a muerte desde los enclaves políticos.

Echar a la caneca más de mil billones de pesos es una monstruosidad. Desperdiciar semejantes recursos fabulosos en una estructura mafiosa y clientelar como la educación pública es, en la práctica, financiar por la puerta de atrás las maquinarias politiqueras y violentas de Colombia. Hay que quitarles a los criminales esa incubadora de forajidos.