IMPUESTO PREDIAL: PETRO SE ESTRELLÓ CON LA REALIDAD DEL CAMPO COLOMBIANO

Por Jaime Restrepo Vásquez

Gustavo Petro se estrelló contra la realidad: en Colombia, la mayoría de poseedores de tierras son personas humildes que han logrado, con mucho esfuerzo, hacerse a un pedazo de tierra para trabajar.

Él pensaba, como cualquier chavista ortodoxo, que la tierra en el país estaba en manos de los grandes potentados, de esos ricos abusivos que dejaban vastas extensiones de tierra sin producir y por eso decidió ponerlos a pagar impuestos altísimos mediante el predial. El asunto es, desde la perspectiva del petrocepedismo, la aplicación plena de la justicia social en el campo colombiano.

Pero como siempre, Petro se equivocó. El reciente paro de propietarios afectados por la expropiación tributaria impulsada en el Plan Nacional de Desarrollo demostró que la ruralidad colombiana no es de grandes hacendados sino de pequeños propietarios que están asfixiados por la decisión de Petro de avanzar en la actualización masiva de los avalúos catastrales en todo el país.

De hecho, el «genio matemático» presidencial no entendió algo simple: al aumentar los avalúos, la base gravable del impuesto predial sube, lo que finalmente termina generando mayores pagos para los propietarios, que no son los ricos y malvados terratenientes a los que Petro ha querido asaltar con más impuestos.

Al contrario: el estrellón de Petro —y de las FARC, porque la actualización del predial viene del acuerdo con esa organización narcoterrorista en el punto relacionado con la reforma rural integral— demuestra que el segmento más grande de propietarios pertenece a la clase media campesina que no puede darse el lujo de pagar incrementos desproporcionados porque tiene que comer, pagar salarios y sobrevivir.

Como Petro vive en Narnia, o en «agendas privadas» para releer a Marx, jamás entendió que Colombia, por lo menos en lo rural, es un país de clase media y que cualquier carga impositiva afecta el bienestar de las familias y derrumba la agónica productividad del campo colombiano.

Sin embargo, lo más dramático —y patético— es que el incremento disparatado del impuesto predial dejó al descubierto otra realidad que ahora se empeñarán en ocultar: el mayor porcentaje de tierras en Colombia está en poder de las minorías indígenas, quienes son ampliamente favorecidas por la legislación vigente.

Así las cosas, mientras los ciudadanos que trabajan de sol a sol en sus parcelas tienen que rebuscarse los recursos para pagar los prediales o perder sus tierras ante la imposibilidad de asumir el incremento desmedido de dicho impuesto, los verdaderos terratenientes, los que tienen el 31,5 % de las tierras en Colombia, en la práctica no pagan impuestos ni se ven afectados por las políticas expropiatorias del gobierno.

Es que los pueblos indígenas son los más grandes poseedores de tierras en Colombia, pues cuentan con 36 millones de hectáreas tituladas. Sin embargo, ojo con este dato, la población de indios en Colombia es de 1.4 millones, lo que corresponde al 3,3 % del total de la población colombiana, lo que significa que la tierra está altamente concentrada en un diminuto segmento poblacional.

Sin embargo, semejante descaro y tamaña injusticia se agrava al considerar que los resguardos indígenas tienen compensaciones y tratamientos especiales, puesto que el gobierno cubre o subsidia el predial de los verdaderos terratenientes colombianos, es decir, de los pueblos indígenas.

Entonces, surgen dos realidades: la primera es que los mayores poseedores de tierra en Colombia no pagan impuestos —los pagamos por ellos a través del erario—. La segunda es que la mayoría de tierras en poder de los grandes terratenientes indígenas no son productivas —por lo menos con productos legales, porque hay que ver lo que pasa en el Cauca y en Nariño con los cultivos «ancestrales» a los que dedican esas tierras—.

Petro y Cepeda hablan de redistribuir la riqueza, pero la de aquellos que no están en el llavero de la progresía, porque las fuerzas paramilitares del petrismo —los indios de la minga—, además de ser los grandes e inútiles terratenientes de Colombia, son beneficiados con el absurdo de que somos todos los demás colombianos quienes les pagamos el impuesto predial.

Seamos claros: los terratenientes indígenas son una minoría poblacional pero sus territorios «ancestrales» tienen un peso desproporcionado en extensión con respecto a la posesión de la tierra en Colombia. Así las cosas, la solución parece simple: ¡Qué los indios también paguen impuestos o que devuelvan las tierras!