BOGOTÁ CONVULSIONADA

Por Lorena Lázaro O.

Bogotá no camina; Bogotá corre, pero para que no la apuñalen. Mientras en los palacios de cristal de la administración distrital se brinda con champaña por una supuesta reducción del 2% en delitos de "alto impacto" —esa métrica cosmética que tanto aman los burócratas—, en la calle el impacto lo recibe el pecho de un joven de 19 años en la estación de La Granja. Qué detalle tan pintoresco: en esta ciudad, el título de ingeniero de sistemas de Fredy Guzmán terminó valiendo menos que el silicio de su celular. Pero tranquilos, que seguramente la Secretaría de Seguridad ya está diseñando un nuevo hashtag para solucionarlo.

Nuestra capital se ha convertido en un safari urbano donde el ciudadano es la presa y el delincuente el dueño de la concesión. En Engativá, los vecinos del barrio Gran Granada ya no saben si salir con el rosario o con chaleco antibalas, tras ver cómo un ataque con escopeta —sí, ¡escopeta!— se suma al paisaje cotidiano. ¿Y qué recibimos a cambio? Velatones. Bogotá es la única ciudad del mundo donde el Estado pretende combatir el plomo con cera derretida y buenas intenciones.

¿Quién es el culpable? El diagnóstico es una metástasis de ineptitud compartida. Por un lado, una justicia que padece de artritis procedimental; jueces que ven en la "puerta giratoria" un ejercicio de gimnasia legal, soltando joyitas con un prontuario más largo que la Biblia porque el policía, asustado y sin respaldo jurídico, cometió un error en el acta. 

Por otro, una dirigencia política que confunde autoridad con autoritarismo y prefiere dejar a la Policía huérfana de apoyo técnico, obligándolos a ser espectadores de lujo mientras las mafias del espacio público cobran "arriendos" de un millón de pesos por metro cuadrado. ¡Qué envidia le tendría cualquier inmobiliaria de la Zona Rosa a los capos de las esquinas del centro!

La solución no es más cámaras para ver el cadáver en alta definición. Necesitamos una Unidad de Reacción Penal Distrital: un cuerpo élite de abogados y fiscales que blinden cada captura en Transmilenio, asegurando que el delincuente no salga a burlarse de la víctima antes de que esta termine de poner la denuncia. Requerimos una Defensoría Técnica real para el uniformado; que el policía sepa que, si actúa contra el crimen, el Distrito lo defiende y no lo entrega como trofeo a las ONG de turno. Bogotá no necesita más diagnósticos sociológicos ni abrazos comunitarios. 

Necesita que el miedo cambie de bando y que la ley deje de ser una sugerencia opcional para convertirse en el muro contra el que choquen los bandidos. Porque hoy, la única convulsa es la paciencia de los bogotanos.