Por Rafael Nieto Loaiza
La sentencia contra Leonidas Bustos, columna vertebral
del cartel de la Toga, apenas ameritó una referencia en la primera página de El
Tiempo, como si la condena de un expresidente de la Corte Suprema de Justicia
fuese un asunto trivial, insignificante.
Es reflejo de un país en el que los escándalos se suceden
sin parar, tapándose uno tras otro, y en el que ese torrente de inmoralidades y
hechos inéditos han generado una funesta insensibilización ciudadana.
Basta con mirar la última semana, de viernes a viernes.
Petro dice, sin ninguna prueba ni sustento, que hay “cien por ciento de riesgo
de fraude” en las próximas elecciones; la Suprema condena a un magistrado del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se hizo riquísimo negociando
sentencias; la esposa y el hermano del Min Trabajo han firmado contratos por
999 millones entre 2024 y 2025 con el gobierno. Mientras tanto su hija fue
nombrada en el Ministerio de Vivenda; la Contraloría detecta malos manejos por
tres billones de pesos en el manejo de regalías desde 2022; la DNI deja de lado
su función de buscar y analizar inteligencia estratégica y se dedica a negociar
con Papá Pitufo y Pipe Tuluá, cabecillas de dos poderosas bandas
mafiosas; Petro mantiene el alza de 23,7% del salario mínimo y, vivir para ver,
lo hace con el apoyo de varios gremios y candidatos presidenciales que, en
lugar de mantener sus críticas ante su aumento desmesurado y arbitrario, se
asustaron con las eventuales consecuencias electorales, dejaron sin apoyo al
Consejo de Estado y terminaron legitimando el capricho gubernamental; un niño
de siete años muere porque la Nueva EPS, intervenida y controlada por el
Estado, no le entregó el medicamento para la hemofilia que necesitaba, y los
canallas de Petro y el Min Salud le echan la culpa a la madre de la criatura;
el parque Tayrona y las zonas turísticas alrededor de Santa Marta están bajo el
control de grupos ilegales; el gasto en salud ya representa el 9% del gasto
total de los hogares; el déficit comercial saltó de US$ 10.807 en 2024 a US$
16.377 el año pasado, un 52% más; “comunidades” del Cauca secuestran 1.500
funcionarios y agreden físicamente a varios de ellos mientras que la Secretaría
de Gobierno de Bogotá no hace nada; por cuenta de que el Estado ha sido incapaz
de tomar decisiones de fondo sobre ellos, habría que devolver bienes incautados
a corruptos y bandas criminales por valor de seis billones de pesos.
Solo en enero, antes de la entrada de la ley de
garantías, Petro firma contratos por 14,8 billones de pesos, un 75% más que
Duque en el mismo período; se conoce que a la mamá y el hermano de la Ministra
de Cultura les dieron contratos por 643 millones solo en lo corrido de este
2026; las quejas contra las EPS controladas por el gobierno crecieron 51,4%
desde que fueron intervenidas; la junta de Ecopetrol mantienen a Ricardo
Roa en su cargo aunque fue imputado por violación de los topes en la campaña
presidencial y por una sospechosa y muy barata compra de un apartamento a un
contratista de la compañía; la Suprema deja en firme la orden de captura de
Carlos Ramón González, compadre de Petro y ex M19, dueño del partido Verde y
director general de Presidencia, por la operación de saqueo de la UNGRD y el
soborno de congresistas para favorecer a su jefe; Transparencia señala que la
corrupción en Colombia empeora y castiga al país con una caída de 12 puestos en
el ranking internacional; imputan cargos a Juliana Guerrero, la pechichona de
Petro y Benedetti que iban a nombrar viceministra, por su título profesional
falso; es falsa una denuncia con base en la cual llamaron a calificar servicios
al general Urrego. Un montaje para justificar sacarlo de la Policía como
retaliación por el allanamiento de la casa de Armando Benedetti en
Barranquilla; el gobierno pasa de emitir 52 billones en TES (títulos de deuda
pública) en 2024 para emitir 111 billones en 2025, un 113% adicional. De esa
manera también se vuela el tope, 95,8 billones, que podía emitir para
2025.
Apuesto que el generoso lector que ha tenido la paciencia
de llegar hasta acá no se enteró de la inmensa mayoría de estos hechos o los
olvidó rápidamente. En la vorágine, perdemos la capacidad de entender y
asimilar la espantosa realidad que vivimos en este gobierno desastroso. La
impudicia y lo impensado se han vuelto parte del paisaje.
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