LA PÉRFIDA TRAMPA DE LA LEY CONTRA LAS ENCUESTAS

Por Eduardo Mackenzie

 

Los colombianos y sus partidos políticos están disfrutando en estos momentos las bondades de una ley patrocinada por la extrema izquierda contra las encuestas de opinión. Hasta que inventaron allá esa ley, las encuestas eran un espejo en el que la opinión pública se miraba para saber cómo evolucionaban los sentimientos y opiniones sobre la clase política, sobre la marcha del gobierno de turno y, en tiempo de elecciones, cómo progresaban los candidatos y las tendencias políticas y cómo se podrían organizar las convergencias electorales.

 

Ese instrumento, que hace parte de la transparencia de la vida política de todo sistema democrático, fue arruinado por el petrismo, como tantas otras cosas. Sus impulsores prometieron el oro y el moro y hasta el Centro Democrático les creyó. Ahora sí, predicaba la petrista Angélica Lozano, habrá “transparencia en las encuestas electorales” y éstas tendrán mayor “calidad”.  Lo que hicieron fue instaurar una forma de censura, restringir el derecho a la información y a la libertad de opinión. Y lo peor: el CD terminó convertido en aval de esa farsa por creer que le podía dar confianza, en algunos casos, a las facciones extremistas. Los marxistas detestan las encuestas de opinión (2). El ideólogo Pierre Bourdieu decretó un día: “La opinión pública no existe”.

 

El trabajo del petrismo a espaldas del país

 

Así, con gran satisfacción, el presidente Gustavo Petro, tras la aprobación en el Congreso, sancionó el 25 de julio de 2025 esa ley. Esta prohíbe a la prensa publicar sondeos por un tiempo determinado hasta la inscripción formal de candidatos. Ese proyecto había sido impulsado por jefes petristas como Armando Benedetti, Gustavo Bolívar, Clara López, Angélica Lozano, Humberto De la Calle y hasta por destacados opositores como Paloma Valencia, Jota Pe Hernández, Daniel Oviedo, Carlos F. Galán y Juan Sebastián Gómez.  

 

La prensa detalló: “De acuerdo con el calendario electoral publicado por la Registraduría para el proceso electoral legislativo y presidencial de 2026, la publicación de sondeos de percepción o favorabilidad de candidatos en medios de comunicación está prohibida a partir de noviembre, al menos para las elecciones presidenciales cuya inscripción de candidatos inicia el 31 de enero de 2026”.

 

Petro obró a espaldas del país: pocos conocían la existencia y el alcance de ese proyecto y el miedo por la violencia subversiva reinaba en todas partes. El 7 de junio de 2025, el precandidato Miguel Uribe Turbay fue baleado en un mitin en Bogotá y falleció el 11 de agosto siguiente. Los asesinos pertenecerían, según la Fiscalía, a la “Segunda Marquetalia”, una banda narco-comunista que estaba en “negociaciones de paz” con el gobierno. Cuando se enteraron ya era demasiado tarde.

 

La prensa saludó con desgano el engendro. Algunos hablaron de “gran progreso”. La excepción fue el diario El País, de Cali, que dio la palabra a las encuestadoras. La revista digital La Silla Vacía calificó de “ley mordaza” la nueva disposición. Según las empresas, la restricción impuesta es un golpe al derecho a la información y a la libertad de expresión, pues su aplicación limita el acceso a datos de interés general. Explicaron que, además, esa ley busca la disminución de las encuestas pues aumenta el costo de éstas: ellas deberán consultar opiniones en “los municipios pequeños, medianos y grandes de todas las regiones, aunque la ley no dice cuántos ni en qué proporción”. Y la ley “impone reglas sobre el tamaño y el origen de las personas que se deben encuestar”. César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, una de las principales firmas del sector, concluyó: “Preparémonos para una campaña con pocas encuestas”.

 

Cifras y Conceptos, Invamer y el Centro Nacional de Consultoría, denunciaron que el trámite legislativo se llevó a cabo sin consulta ni debate público. Invamer dijo que pensaba, no sin razón, demandar esa ley. La Silla Vacía explicó: “al regular derechos políticos, esa norma podría “requerir un trámite como ley estatutaria” y no uno de ley ordinaria como se llevó a cabo. 

 

Como una hilacha totalitaria

 

“Empresas dedicadas a estos estudios afirman que no fueron consultadas durante el trámite legislativo”, según El País del 10 de julio de 2025. Otros observan que esa ley tiene relentes totalitarios (1) pues contiene “conceptos ambiguos, desconocimientos técnicos y disposiciones que vulneran principios básicos de libre competencia y manejo de datos personales”, Andrés Perdomo, directivo del Centro Nacional de Consultoría, advirtió: “Esta ley es absolutamente negativa. Hay una evidente contravención a principios básicos de intervención estatal indebida en sectores económicos, hay temas sobre el tratamiento de datos que la ley vulnera, exige que las encuestadoras entreguen al CNE las bases de datos y números de teléfono en los casos de encuestas telefónicas. Les faltó poco para que pidieran los puntos GPS o ubicación de las viviendas cuando las mediciones se hacen cara a cara”.

 

La revista Ámbito Jurídico, de Bogotá, informó que sólo las empresas registradas ante el CNE podrán trabajar en ese campo. Esa ley transfiere, además, a una “comisión técnica” el derecho de decidir quién puede realizar y difundir información sobre el estado de la opinión, lo que deja en manos de terceros, como las “bodegas de boots”, la circulación masiva de datos no verificados sobre personas, candidatos, partidos, etc.  

 

Para resumir: la promesa de garantizar el “acceso equitativo a la información” y “asegurar la validez científica de los datos estadísticos”, desembocó en lo contrario: en restringir la información para que la crisis del desastroso gobierno de Petro no afectara sus ambiciones reeleccionistas. La Misión de Observación Electoral también se equivocó. Resaltó como “positivo” poner un “límite temporal para evitar el posicionamiento anticipado de candidaturas”. El resultado fue el contrario: la explosión de precandidaturas de todo tipo.  

 

El 1 de julio de 2025 había 75 precandidatos de todas las corrientes, pero no del bando gubernamental. En pocas semanas las facciones del comunista Pacto Histórico escogieron su candidato, mientras que el centro y la derecha seguían sin brújula. Sin mediciones de favorabilidad algunas personas creyeron que alcanzarían la inscripción, pues sin encuestas todos valían lo mismo y únicamente los partidos más fuertes podrían salir del lote pagando encuestas privadas.

 

De pronto, en octubre, estallaron dos tipos de incidentes: el abogado Abelardo de la Espriella, neófito en política, quien sólo en marzo próximo sabrá si puede ser o no candidato, dijo ser “el Bukele colombiano” con su promesa de mano dura contra el crimen organizado. Vicky Dávila rechazó al aspirante providencial y Miguel Uribe Londoño, del CD, se fue lanza en ristre contra María Fernanda Cabal, la aspirante más opcionada en el CD, por su popularidad, por su permanente respaldo a las Fuerzas Armadas y por su acerado verbo antipetrista.

 

¿Como abrir guerras en los partidos de oposición?

 

En lugar de respaldarla, Obdulio Gaviria, veterano del uribismo, apareció como “tutor” de un precandidato, Juan Carlos Pinzón, ex ministro de Defensa durante el gobierno de JM Santos que capituló ante las FARC.  ¿Crear las condiciones para abrir guerras en los partidos más fuertes de la oposición, era el objetivo principal de la operación que comenzó con la cruzada contra las encuestas? 

 

Es evidente que esas maniobras parecen tener un objetivo: poner de nuevo en marcha la máquina para perder. En octubre de 2021, Obdulio Gaviria montó una campaña para impedir que María Fernanda Cabal fuera la presidenciable del CD en 2022. En su lugar fue escogido Oscar Iván Zuluaga, quien abandonó muy pronto el combate electoral y abrió al extremista Gustavo Petro la posibilidad de llegar sin contendor a la segunda vuelta.

Los efectos de esa maniobra los está pagando hoy toda Colombia.

 

Hoy Abelardo de la Espriella propone realizar una consulta interna con precandidatos de todos los partidos, antes del 10 de diciembre: “en la que entre todo el que quiera, siempre y cuando no sea alguien que pertenezca al círculo de Petro, que haya trabajado en el gobierno de Petro o que lo haya apoyado para que llegara a la presidencia”. Él espera que esa consulta lo plebiscite. Problema, ¿cómo realizar esa consulta? ¿Cómo impedir que voten en ella los petristas? El problema de las consultas abiertas es ese: los adversarios pueden votar en éstas y lo hacen para escoger, no el mejor candidato, sino el peor, para anularlo frente al candidato que infiltró la consulta.

 

Ni rechazo ni unanimidad

 

La propuesta del abogado penalista no obtuvo la unanimidad en el CD. El expresidente Uribe no la rechazó, pero pidió, más bien, un “diálogo insistente con todos aquellos que están comprometidos con la democracia y la libertad”. María Fernanda Cabal dijo: “Adhiero y le pido a mi partido que haga lo propio ante la propuesta de Abelardo de la Espriella”. Paloma Valencia pidió que el CD elija su propio candidato/a. Paola Holguín estimó que la elección del candidato recae sobre el presidente Uribe, jefe natural de esa formación, y el CD. No obstante, la prensa no sabe cómo, técnicamente, sería esa elección: ¿en una asamblea general, por votación de los miembros, por un sondeo de opinión, por la medición de la actividad digital de cada precandidato?  La definición del “gran candidato de unidad nacional” parece plantear problemas insolubles.

 

Hay que estar ciegos para no ver que la candidatura de María Fernanda Cabal es la única que está en condiciones de crear una dinámica de convergencia en 2026 con las formaciones de derecha y de centro y hasta con la masa de electores que votaron en 2022 por Petro, pero han roto con él al descubrir el horror de ese mandato. Por algo ella es la precandidata más opcionada, según encuestas por actividad en redes sociales, detalle que la prensa trata de ignorar.

 

María Fernanda Cabal es la única precandidata presidencial que es invitada, recibida y escuchada en Washington y por otros gobiernos del continente y de Europa, centros de poder que son indispensables para la restauración de la economía, de la seguridad y de la diplomacia de Colombia y de América Latina. Es más, ella es miembro y cofundadora del Centro Democrático, el único partido colombiano (3) que ha dirigido exitosamente el combate, junto con las Fuerzas Armadas, y sin interrupción, tanto desde el gobierno como desde la oposición parlamentaria, a las FARC y al narco-comunismo en todas sus formas. Esto es lo que la ausencia forzada de sondeos de opinión trata de esconder.

 

(1).- Ese proyecto de ley contó con la asesoría técnica de Hanwen Zhang, una profesora que se había hecho conocer por comentar las encuestas en Colombia. De origen chino, nacionalizada colombiana, ella es vista por algunos como un agente de influencia de la China comunista. Hanwen Zhang le propone a Colombia dejar de exportar a Estados Unidos y “exportar a China, gente amable, gobierno amigo”. Ella no oculta su petrismo: “En Colombia hay una mano de gente podrida que quiere ver el país mal para poder echar la culpa al gobierno”, escribió el 13 de julio de 2025.

(2).- En la URSS, los órganos de gobierno recusaban los sondeos de opinión pues entre ellos prevalecía el mito del “consenso total” de la opinión y la noción de “público socialista”. En 1967, los resultados completos de una consulta hecha a los 25 000 subscriptores de Izvestia fueron engavetados: dijeron que serían “entregados más tarde”.

(3).- El Centro Democrático fue fundado por Álvaro Uribe Vélez, quien derrotó, durante sus dos gobiernos como presidente de la República (2002-2010), a las FARC. Ese progreso de Colombia fue desmantelado por los dos gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2018) que tomó contramedidas en favor de un desastroso “proceso de paz” con las FARC.