Por Rafael Nieto Loaiza
Muchos números, pero son importantes para entender el problema presupuestal. El Presupuesto propuesto por el gobierno para el 2026 es de $556 billones. El del 2022, el último propuesto por Duque, fue de $350,4 billones. Un crecimiento del 58,7%. Mientras tanto la inflación acumulada entre 2023 y 2025 (19,5%) más la proyección del 2026 (entre 3,8 y 4%) sería del 23,5%. El presupuesto crece 35,2% más que la inflación.
En materia de inversión, se ha pasado de $69,6 billones en 2022 a $88.8 en la propuesta del 26, un aumento del 27,6%, apenas por encima de la inflación acumulada.
En cambio los gastos de funcionamiento han subido de $210,1 billones en 2022 a $329,3 billones en 2025 y el gobierno proyecta $365.8 para el próximo año. El crecimiento del funcionamiento ha sido enorme, un 74,1%, más de tres veces la inflación.
La nómina del gobierno central ha aumentado de 1.318.729 servidores públicos en 2022 a 1.398.483 personas en agosto de este año, según la Función Pública. Mientras tanto, los aumentos salariales en el ejecutivo han sido del 14,6%, 10,9% y 7% en 2023, 20224 y 2025, un promedio anual de 10.83%, más del doble del 4,96% entre 2018 a 2022.
Al mismo tiempo, este año el gobierno ha disparado la celebración de órdenes de prestación de servicios, según Petro una modalidad de “precarización laboral” que prometió acabar al inicio del gobierno. En seis meses de 2025, ha celebrado 394,600 OPS y ha gastado $14,1 billones en estos contratos. El promedio anual desde 2018 había sido de 17,6 billones. Según cálculos del exministro Mauricio Cárdenas, si se incluye la nómina del SENA y el ICBF, el monto llega ya a $20 billones. “Cada día se están firmando 2.600 contratos de prestación de servicios”, afirmó. A ese ritmo, Petro celebraría 949.000 OPS en 2025, más del doble de los 486,500 de promedio desde 2018.
Ahora, este gobierno ha frenado la economía de manera significativa. En 2021, el PIB creció 10,6% y en 2022 lo hizo 7,5%. Pero con Petro se desplomó. En 2023, el PIB aumentó apenas un 0,6%, el más bajo en casi cien años, exceptuando la pandemia y la crisis del UPAC de 1999. En 2024 mejoró marginalmente para llegar al 1,7%. Este año podría alcanzar entre el 2,5 y el 2,7%, muy por debajo del promedio anual de 3,61% desde el 2000, incluso considerando la brutal caída del 7% en 2020.
Por otro lado, la DIAN recaudó $228,6 billones en impuestos durante 2022, un incremento del 31,5% frente a 2021. En el 2023 alcanzó los $279,4 billones, reflejo del gran crecimiento de la economía durante los dos años anteriores. Pero en el 2024 el recaudo tributario total fue de solo $243,6 billones, muy por debajo de los $312,4 billones originalmente presupuestados al inicio del año. ¿Las causas? La caída en el crecimiento, el impacto negativo de la brutal reforma tributaria de Petro, un mal cálculo de los anticipos de renta, el pobre desempeño de sectores clave como el petróleo y la minería, fuertemente atacados y castigados por el gobierno, y el desplome de la inversión (-24,8% en 2023). Las malas noticias en materia de inversión, en particular la extranjera directa, se han prolongado con una disminución del 17,6% en el 2024 y y del 24% en el primer semestre de este año.
La economía, aunque mejorando algo en este año, se comporta muy por debajo del promedio histórico. Sin embargo, este gobierno ha aumentado de manera sustantiva el monto del presupuesto y ha privilegiado el funcionamiento y el gasto en personal, no la inversión. Y sobreestima sistemáticamente el recaudo. Del agudo aumento del gasto sin respaldo en los ingresos, este año se proyecta un déficit del 7,1%, $130 billones de pesos. El gobierno decidió volarse la regla fiscal. Ahora propone un presupuesto enorme, sin base alguna que permita su sostenibilidad, y un tributaria voraz para recaudar $26 billones. La CARF, sin embargo, calcula que el déficit es de $45,4 billones.
El Congreso debe reducir el monto del presupuesto como mínimo en los 26 billones que Petro quiere en la tributaria y así obligar al gobierno a ser austero. Y debe evitar que el Gobierno siga haciendo clientelismo y uso politiquero de la nómina y las órdenes de prestación de servicio con el objetivo de fortalecer sus huestes para las elecciones del próximo año.
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