Por Jaime Restrepo Vásquez
Se calcula que más de seis mil colombianos fueron asesinados por Pablo Escobar durante la campaña violenta del capo del narcotráfico contra la extradición. También se estima que fueron más de 600 atentados terroristas en todo el país.
En esos años de extrema violencia, entre 1989 y 1993, Escobar intentó obligar al estado colombiano a prohibir la extradición.
Pues bien, casi 30 años después, Escobar debe estar celebrando en el infierno: Petro decidió suspender las extradiciones a los Estados Unidos de los capos del narcotráfico y de los narcoterroristas —el gobierno los llama guerrilleros— que participan en los diálogos establecidos en ese embeleco fallido y mediocre denominado «paz total».
Semejante decisión de Petro, honrando los anhelos de Pablo Escobar, se da a solo tres meses de que Donald Trump decida si renueva la certificación de Colombia como aliado en la lucha antidrogas, estatus que permite la entrega de cientos de millones de dólares a Colombia en ayuda militar estadounidense.
De hecho, el Departamento de Estado le envió una comunicación a la fiscalía colombiana manifestando su preocupación por la medida adoptada por el gobierno nacional.
Es lo mismo que pasó, en su momento, durante la Asamblea Constituyente del 91, cuando se discutió y se prohibió la extradición de colombianos, satisfaciendo la exigencia violenta de Escobar Gaviria.
Es más: solo hasta 1997, es decir, cuatro años después de la muerte del capo del Cartel de Medellín, fue reformado el artículo 35 de la Constitución, el que originalmente impedía la extradición de colombianos.
¿Cómo entender que justo después del informe de la ONU que señala a Colombia como el más grande productor de coca, Petro salga con semejante disparate? ¿No decían que Petro era el campeón de la lucha contra el narcotráfico, pese a las evidencias que señalan la connivencia y complicidad presidencial con el mundo narco?
Hay tres aspectos que se deben considerar. El primero es que, desde el inicio del periodo, Petro emprendió una estrategia de demolición de las Fuerzas Armadas y la suspensión de ayudas por parte de los Estados Unidos sería un golpe contundente contra la operatividad de militares y policías en todo el territorio nacional.
Digámoslo claramente: como a cualquier criminal, a Petro le estorban, le incomodan y le fastidian las Fuerzas Armadas y teniendo el poder en sus manos decidió golpearlas y desmantelarlas con toda la animadversión posible.
El otro aspecto es que Petro quiere dejar a Colombia lo más alejada posible de los designios de Washington y tocar aspectos relacionados con la lucha contra el narcotráfico marca un distanciamiento que difícilmente se superará en el corto plazo.
El tercer aspecto es que Petro les está cumpliendo a sus auspiciadores —los narcos del Pacto de la Picota y los narcoterroristas de las FARC y del ELN— con la ilusión de que vuelvan a financiar la campaña presidencial de 2026, tal y como lo hicieron desde 2018 hasta 2022.
Negar la extradición de narcos y narcoterroristas que además han cometido toda suerte de salvajadas en Colombia, con la falsa premisa de que se comprometerán a no volver a delinquir, es una majadería gigantesca como quedó demostrado con el apaciguamiento de Santos con las FARC, pues el actual gobierno está «negociando» justo con los que firmaron el acuerdo de La Habana.
Para completar, dice el gobierno que los narcos se van a comprometer a sustituir los cultivos ilícitos. Eso, en realidad, es desconocer las minucias del negocio de la droga pues los capos y los narcoterroristas no son cultivadores y solo utilizan —esclavizan es la palabra precisa— a los campesinos que tienen que sembrar coca, amapola o marihuana.
Tensar aún más la relación con los Estados Unidos es una carga de profundidad de incalculables proporciones, justo en el momento en el que el gobierno del país del norte ha demostrado que no se anda con juegos y que no le tiembla la mano para hacer lo necesario para corregir el rumbo de los alevosos que se atreven a desafiarlo.
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